Derechos humanos

Todos los países deben tomar medidas para defender los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Esta es una obligación establecida y afirmada por décadas de leyes, normas, instrumentos, documentos y acuerdos de consenso en materia de derechos humanos. Eso significa que se debe aplicar una perspectiva de derechos humanos para abordar la violencia de género y hacer efectivas la salud sexual y reproductiva y los derechos de todas las personas. Los países deben adoptar medidas más allá del sector de la salud para cambiar las normas, leyes y políticas sociales a fin de defender los derechos humanos. Particularmente importantes son las reformas que promueven la igualdad de género y los derechos de las mujeres y contribuyen a que las mujeres tengan un mayor control sobre sus propios cuerpos y vidas.

El ejercicio de los derechos humanos para todas y todos exige que se preste especial atención a la igualdad y la no discriminación. Esto significa que las organizaciones como el UNFPA deben trabajar para identificar formas de discriminación superpuestas y entender cómo las desigualdades de género se interrelacionan con la discriminación basada en la raza, el origen étnico, la sexualidad, la capacidad, la edad y la apariencia, estado civil y posición en la sociedad, como clase social, casta y posición como ciudadano, indígena, refugiado o solicitante de asilo. Es poco probable que el énfasis en la discriminación de género por sí solo cubra las necesidades o garantice los derechos de las mujeres de color, las mujeres con discapacidad o las mujeres indígenas, para citar ejemplos. El UNFPA también está trabajando para hacer frente al estigma y la discriminación, y está promoviendo el uso de datos desglosados para descubrir violaciones de derechos que pasan desapercibidas. Además, el UNFPA trabaja para incluir y ampliar las voces de las personas marginadas en la formulación de políticas, asegurando su participación significativa mediante el fortalecimiento y apoyo de los movimientos sociales, por ejemplo, y adoptando medidas específicas para atender las necesidades de grupos específicos.

En 2016, la comunidad internacional reconoció abiertamente el derecho a la salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva no es solo parte integral del derecho a la salud, sino que está fundamentalmente alineada con el disfrute de muchos otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud y la educación, a la igualdad y la no discriminación, a la privacidad, a no ser sometido a tortura y a la autonomía individual. Pero para hacer realidad este derecho, los servicios de salud sexual y reproductiva, la educación y la información deben cumplir las normas de derechos humanos en cuanto a disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. También deben rendir cuentas a las poblaciones afectadas y a los grupos de la sociedad civil. La rendición de cuentas significa no sólo transparencia, sino también la participación significativa de esos grupos en el desarrollo de servicios y en las actividades de sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva.

Actualizado el 16 de octubre de 2023

A number of UN treaties and mechanisms help UNFPA advance human rights:

• UN treaty bodies such as the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, the Committee on the Rights of the Child, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
• The Universal Periodic Review of the Human Rights Council, which assesses the fulfilment of the human rights obligations and commitments of all 193 UN Member States once every four and a half years, and gives considerable attention to sexual and reproductive health and rights. 

UNFPA also provides technical support to national human rights institutions – including human rights commissions and ombudsman offices – to monitor sexual and reproductive health and rights; particular focus is given to the situation faced by certain population groups, such as indigenous peoples, persons with disabilities and migrants.

Prioritizing the application of human rights principles became a cornerstone of UN reform efforts that were initiated in 1997. In 2003, UNFPA was one of the agencies that adopted the UN Common Understanding on a Human-Rights-Based Approach to Development Cooperation, which clarifies how human rights standards and principles should be put into practice in programming.

UNFPA’s guidance on Applying a Human Rights–Based Approach to Programming outlines key elements and good practices under this approach.

A rights-based approach helps to develop this capacity and encourages people to claim their rights. In this context governments have three levels of obligation: To respect, protect and fulfil every right. The Universal Periodic Review, as described above, has emerged as a particularly powerful mechanism with its considerable attention to sexual and reproductive health and rights.

This approach deals not just with outcomes, but with how those outcomes are achieved. It recognizes that people should be empowered as actors in their own development, rather than passive recipients of services. Informing, educating and including rights holders is central to ensuring – and sustaining – this progress.

Updated 25 March 2025